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En la Prevención de Fraude

¿Por qué nos cuesta tanto entender el Compliance en España?

Si todo el mundo, en términos de empresa, asume como algo natural la necesidad de contar con un plan de riesgos laborales o de responsabilidad social -en organizaciones de determinado tamaño, al menos- ¿por qué en España nos cuesta tanto entender la utilidad/obligatoriedad de un plan de prevención de delitos?

 

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Ha tenido que ser la ley la que ordene y mande, a raíz de la última reforma del Código Penal, a adoptar medidas que eviten la comisión de delitos, para evitar la responsabilidad de las personas jurídicas. Es decir, no se trata sólo de cumplir las normas, sino de prevenir también su posible incumplimiento. Debería, por tanto, verse mejorada la triste estadística de fraudes y corrupción cometidos a diario en el sector privado (no hablemos ya del público, con un cansino ir y venir diario de titulares sobre corrupción).


En un entorno jurídico cada día más complejo, las empresas y organizaciones de todo tipo están sometidas a obligaciones de cumplimiento normativo, al control de organismos reguladores y a obligaciones contractuales con terceros que implican un profundo conocimiento de los riesgos regulatorios y normativos de su negocio.

Implantar, y también controlar que funcione adecuadamente, un modelo eficaz de prevención de delitos repercute de forma directa y positiva en el crecimiento económico de las organizaciones. Es preciso adecuar las estrategias de las empresas al cumplimiento de las normas. Y no sólo porque así lo indique la ley, sino porque a la larga llegará a ser una exigencia básica de credibilidad en el mundo de los negocios.

Las compañías tendrán que evaluar su “apetito de riesgo”, elaborar un Código de Conducta o Código Ético de la Empresa y desarrollar políticas para cada una de las áreas de riesgo detectadas. Además, será preciso implantar procedimientos adecuados que detecten tempranamente y minimicen los riesgos en aquellas áreas críticas del negocio.

Pero todo esto no servirá de nada si el comité directivo no se asegura de que los empleados han recibido y entendido la formación que les permita evitar la corrupción y el fraude. Además, tendrán que poner a su disposición -y a la de sus proveedores, partners y clientes- un canal de denuncias, de gestión externa a la propia compañía, sobre incumplimientos legales o vulneraciones del código ético, como parte integrante del Plan de Cumplimiento y de la administración de riesgos, bajo los principios de inexistencia de represalias y privacidad.

Poner en marcha y gestionar correctamente un programa anticorrupción eficaz no sólo ahorrará a las empresas un 5% de sus ingresos anuales (que es la estimación de pérdidas por causa del fraude empresarial) sino que podrá suponer incluso una ventaja competitiva, porque el Compliance” o cumplimiento normativo ha llegado para quedarse.

De todos nosotros dependerá que hacer las cosas bien no sea sólo un trámite tedioso, costoso por lo recursos económicos y humanos que emplea y, por supuesto, obligatorio por ley. Son los máximos directivos de las empresas, como principales responsables, los que deben dar un paso al frente y encabezar el cambio, como una forma de entender que lo importante no es solo hacer las cosas bien, jugar limpio. Es además, sentar y generalizar los mecanismos de prevención y alerta para evitar que las cosas lleguen a hacerse mal. Porque así es como debe ser y porque, además, vale la pena el esfuerzo.

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