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La protección de los denunciantes en los casos de corrupción: una asignatura pendiente en la legislación española

La posibilidad de denunciar la corrupción es fundamental para el buen funcionamiento del sistema democrático. El hecho de que en los periódicos e informativos de radio y televisión la información de carácter nacional –incluyendo la que se produce en periodo electoral— esté casi exclusivamente centrada en episodios de corrupción es causa más que suficiente para plantearse algunos aspectos fundamentales del cómo llegan estos hechos al conocimiento de la opinión pública.

Desgraciadamente, no se trata de hechos aislados sino que en numerosas –demasiadas-ocasiones la corrupción afecta a los más altos niveles políticos e institucionales. Y lo que es peor; pueden llegar a prolongarse durante años debido a la demora y complejidad de las investigaciones judiciales.

chiste corrupción, Forges chiste corrupción, Forges

La corrupción se contempla como delito, tanto en el Código Penal español como en los de los demás Estados miembros de la Unión Europea. E igual sucede en la legislación internacional y los convenios suscritos por España. No se trata de exponer debilidades ajenas ni de ejecutar venganzas de carácter personal o profesional. La denuncia de la corrupción constituye un elemento fundamental del sistema de checks and balances de las democracias asentadas. Es obvio, por tanto, que el riesgo de la corrupción se acentúa significativamente en aquellos entornos en los que la denuncia de irregularidades no está protegida.

En castellano, las palabras “chivato” o “soplón” están desprestigiadas en el imaginario colectivo prácticamente desde el momento en que una persona entra en la escuela.  Más grave aún, llegados a la vida adulta, en muchos países, la denuncia de estas  irregularidades se asocia a la traición o incluso el espionaje.  No sucede en cambio así con el término anglófono “whistleblower”, figura que en determinados sistemas legales goza incluso de protección legal.

Aunque a veces se pueda caer en la tentación de generalizar, o en el error inducido por la lluvia constante de casos de que toda la corrupción tiene el mismo origen y desarrollo, hay que resaltar que la corrupción tiene dos caras, según se produzca en el sector privado o el sector público.

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Por lo que respecta al sector privado, durante los últimos años en España, los programas de cumplimiento de las normas y leyes en cada empresa y en cada sector (compliance) se han ido introduciendo paulatinamente, unas veces por iniciativa propia de cada corporación y en otras ocasiones debido a la obligación de cumplir con novedades legislativas a este respecto. Con la última reforma del Código Penal, las empresas están obligadas no sólo al estricto cumplimiento directo de todas las normas jurídicas y económicas, sino también a la prevención de su posible incumplimiento. Es decir, las organizaciones están obligadas a adoptar medidas para evitar la comisión de delitos.

Destaca como especialmente importante el control que se establezca respecto a tres puntos: las formas de contratación de proveedores; la segregación de funciones en el proceso y los controles especiales que se establezcan en los departamentos encargados del pago. Podría parecer que esto es suficiente, pero no es así. Según expone la organización Transparencia Internacional en su Informe de Principios de la Transparencia: “Para una adecuada prevención de estas conductas, es necesario también que los canales de denuncias estén abiertos a terceros (proveedores, clientes, etc...)” Es decir, la denuncia de la corrupción no puede ser algo indeterminado e improvisado en donde quien efectúa la denuncia pueda sentirse inseguro tanto por posibles represalias laborales como por una hipotética estigmatización social. Porque precisamente los primeros en identificar y reconocer las malas acciones son los empleados –ya sean del sector público o privado— que tienen la información y el conocimiento relativo a sus lugares de trabajo. Pero denunciar corrupción sin un marco legal que otorgue cobertura y protección a esa acción –considerada de buen ciudadano en importantes democracias— suele derivar en  la intimidación, el acoso, el despido o la violencia por parte de sus compañeros o superiores.

[caption id="attachment_1219" align="aligncenter" width="614"]Protección legal a whistleblowers en Europa Protección legal a whistleblowers en Europa


Hay que acabar con la cultura de que defender a quienes denuncian la corrupción es “tapar a un chivato”.  Y para ello resulta crucial  explicar que el hecho de que proporcionar una protección eficaz a los denunciantes apoya una cultura organizacional abierta donde los empleados no sólo son conscientes de cómo informar, sino también tener confianza en los procedimientos de información. También ayuda a las empresas a prevenir y detectar el soborno en las transacciones comerciales.

Por tanto, la protección de las personas que den este paso es fundamental para fomentar la denuncia de malas conductas, el fraude y la corrupción. Proteger a los denunciantes --mediante procedimientos y medidas recogidas por la legislación, ya sea en el sector público como en el privado-- de posibles represalias por haber informado de presuntos actos de corrupción y otras irregularidades, es parte integral de los esfuerzos para combatir la corrupción, salvaguardar la integridad de empresas e instituciones, mejorar la rendición de cuentas y, en definitiva, apoyar un entorno empresarial limpio.

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