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Inteligencia económica en caso Repsol YPF : ¿ y por qué en España no tenemos de eso?

La Comisión Europea define la Inteligencia Económica como “el esfuerzo coordinado de obtención, tratamiento y difusión, con propósitos de explotación, de información útil para los operadores económicos, incluyéndose en este esfuerzo la protección de información considerada sensible para las compañías interesadas”.

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España hace años que no se fía de los Kirchner. En 2011, la inversión de nuestro querido y maltratado reino en Argentina fue de 11.580  millones de euros, cayendo hasta el 6º lugar en la lista de destinos latinoamericanos de inversión bruta española. Si está claro, y si venía estando tan claro desde hacía tiempo, ¿por qué no teníamos en mente un plan B que pudiera valorar adecuadamente los riesgos y consecuencias de una tropelía como la vivida ayer con el caso Repsol-YPF? , ¿Por qué por muchos equipos de inteligencia competitiva, comercial, o como queramos llamarlos, anidados desde hace algunos años en nuestras mejores multinacionales, no hemos aplicado los principios básicos de prevención y anticipación?, ¿por qué el CNI no ha cumplido su “nueva” misión?

España sabe desde los años 90 que las inversiones en Latinoamérica adolecen de un grave defecto claramente irresuelto aún: no se valoran los riesgos políticos asociados a las inversiones y, por tanto, no se provisionan desde el punto de vista económico los posibles fracasos.

"Estos actos no quedarán impunes", ha sentenciado Brufau. Para reconocer, acto seguido, que la expropiación anunciada ayer “ha venido precedida de meses de hostigamiento y de filtraciones con el objetivo de derrumbar el precio de YPF para facilitar su expropiación a precio de saldo".

Lo sabíamos, estaba cantado y, aun así, ¿qué hemos hecho para evitarlo? Es posible que la amenaza ya materializada contra Repsol sea sólo la primera de una cascada de locuras megalómanas y pseudopopulistas que hagan definitivamente astillas de la leña del árbol aún tambaleante y casi caído en el que se ha convertido España.

Como apunta acertadamente en Expansión Rafael Calduch, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid: “La economía argentina presenta importantes desajustes estructurales que ninguna empresa española allí establecida debería ignorar. La principal fuente de tales desajustes deriva directamente de la particular configuración política y social de Argentina. Articulada como un Estado federal, con importantes poderes de los gobernadores y los parlamentos provinciales, la base de representación y movilización política de la sociedad se viene controlando desde los años 40 del siglo pasado por el Partido Peronista, más tarde Justicialista, que en sentido estricto es un movimiento político-social heterogéneo creado desde sus orígenes para legitimar el liderazgo de dirigentes populistas a través de una red nacional de clientelismo. Ello explica las enormes dificultades para consolidar partidos políticos al margen o contrarios al justicialismo (Unión Cívica Radical, Partido Socialista), que garanticen una alternancia en el gobierno y combatan la inclinación del sistema a permitir el nepotismo”.

Es obvio que los intereses nacionales de las empresas españolas internacionalizadas  deben contar con, al menos, una vía de apoyo y diálogo permanente con el gobierno de turno. Países vecinos como Francia no sólo han interiorizado esta necesidad, sino que han estructurado todo un sistema bien ramificado de inteligencia económica para proteger sus intereses y proyectar el futuro de su crecimiento como nación.

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