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¿Cómo introducir la transparencia en el ADN de las entidades públicas?

Ante el nuevo anteproyecto de  ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información: "La manera de hacer frente a la corrupción es introduciendo el comportamiento transparente y socialmente responsable en el ADN de las entidades públicas"

“La sociedad civil debe contar con instrumentos eficaces para fiscalizar la acción de la clase política”, según Gertrudis Alarcón, directora general de i2 Integrity Internacional (www.i2integrity.com), única consultora antifraude en España miembro de PACI (Partnering Against Corruption Initiative), el programa global anticorrupción liderado por el Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional.

Alarcón, con una amplia experiencia en la investigación del fraude, la corrupción y la adopción de medidas para el buen gobierno tanto en la Administración como en el mundo empresarial, afirma ante la nueva Ley de Transparencia, que ésta “era una medida necesaria desde el mismo momento que se promulgó la constitución de 1978, puesto  que los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la información pública según los términos establecidos en el artículo 105 de nuestra Carta Magna”.

Desde la consultora i2 Integrity se considera que los códigos de buen gobierno permiten mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos, establecer y medir los objetivos de desempeño, definir normas, procesos y estructuras de gestión adecuadas y fomentar un marco de principios y valores  que aseguran la integridad de las organizaciones. “Aunque esta nueva ley no vaya a acabar con los casos de corrupción y fraude, significa dar un paso hacia delante. En mi opinión – asegura Alarcón- esta ley servirá para detectar los asuntos menos sofisticados en menos tiempo y posiblemente hará que se reduzcan algunos abusos actuales como dividir un contrato en varios contratos de menor cuantía para que pasen por un procedimiento que no corresponde”.

La manera de hacer frente a la corrupción es “introduciendo el comportamiento transparente y socialmente responsable en el ADN de entidades públicas”. “Es necesario -afirma Alarcón- controlar el desempeño de los actores implicados mediante la supervisión, evaluación, verificación, medición y seguimiento del cumplimiento de las normas de buen gobierno y responsabilidad social”.

Según la directora de i2 integrity Internacional, “esta nueva ley no impedirá que se puedan seguir haciendo adjudicaciones previamente arregladas, no regular el sector del lobby por ejemplo es dejar la puerta abierta a que se puedan hacer gestiones sin que se sepa si hay irregularidad”, pero también supone avances en lo relativo a “detectar errores administrativos que hasta ahora no hemos sabido cuánto nos cuestan”.

Cabe recordar que, según el índice anual de percepción de la corrupción (TI 2009), nuestro país ha caído desde el puesto 28 al 32 en una lista de 180 países. Además, según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), la corrupción y el fraude son hoy en día una de las principales preocupaciones de los españoles.

I2 integrity Internacional  ofrece servicios de consultoría y asesoramiento estratégico en materia de inteligencia, investigación, seguridad y responsabilidad corporativa. Cuenta con oficinas propias en Madrid, Sao Paulo, Miami, Panamá, Buenos Aires y tiene una red de recursos asociados que le permiten dar servicio a sus clientes en cualquier parte del mundo.

I2 integrity forma parte del PACI, de ACFE  y del Global Compact del World Economic Forum.
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